Desde la entidad señalaron que sus principales ejes de trabajo estarán enfocados en promover el libre acceso a la información pública en los gobiernos locales, la transparencia fiscal, la rendición de cuentas, la protección del medio ambiente y la preservación del patrimonio histórico, entre otras iniciativas.
Por su parte, el economista Pablo Speziale, vicepresidente de la asociación, destacó: "Hay mucho por hacer. Una de nuestras líneas de trabajo será impulsar la adopción de normas ISO de contrataciones antisoborno, que otorgan mayor trazabilidad al gasto público. En nuestro país, el único municipio que las ha implementado es Escobar, mientras que, a nivel latinoamericano, Ecuador ha sido hasta el momento el único país en avanzar en esta materia".
En tanto, Germán Presa, secretario de la asociación, manifestó: "Queremos contribuir a superar los feudalismos locales mediante la implementación de principios republicanos de gestión, garantizando el cumplimiento de normas básicas vinculadas a la publicación de ordenanzas y fortaleciendo los mecanismos de participación ciudadana, como los foros de seguridad y las audiencias públicas".
Finalmente, Zatloukal agregó: "A nivel provincial trabajaremos de manera articulada con organismos de control, tribunales de cuentas y fiscalías. Asimismo, en el ámbito nacional promoveremos acciones conjuntas con la Sindicatura General y la Auditoría General para fortalecer el control y la transparencia en la ejecución de los fondos nacionales transferidos a los municipios".
Desde la vuelta a la Democracia a esta parte, la provincia de Buenos Aires no cuenta con una oficina anticorrupción y el control quedó limitado solo al Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Estado; tampoco se aplicaron normas de transparencia salvo la ley de acceso a la información de muy difícil cumplimiento.
Sin embargo, en el conurbano, algunos municipios marcaron precedentes:
Lomas de Zamora en 2000 aprobó la primer Ordenanza de libre acceso a la información local, basada en la Freedom Information Act de Estados Unidos.
San Vicente con una Ordenanza de acceso público a gastos comunales conjuntamente con un Decreto de transparencia del Concejo Deliberante, ambos aprobados en 2018.
En otro orden, a nivel nacional hace algunos años se aprobó la Ley de Responsabilidad del Estado, que regula las consecuencias de las acciones o inacciones de los gobiernos, ley que supletoriamente alcanza cabalmente a los municipios.
La adhesión a normas como la ISO 37301, junto a la apertura de los gobiernos, se configura como una innovación local que, en definitiva, contribuirá a mejorar las gestiones municipales y aumentar la credibilidad en los mismos.